jueves, 21 de julio de 2011

Un pecado de la constitución del 91

La Constitución del 91 cumplió 20 años. Hay un consenso general sobre sus bondades. Los colombianos ganamos en derechos y en la posibilidad de soñar en un futuro que esperamos será siempre mejor. Pero los constituyentes cometieron un grave error: olvidaron que la posibilidad de producir transformaciones sociales, económicas, culturales y ambientales, está en manos de los gobernantes, agentes políticos y miembros de grupos y colectividades partidistas. Muchas o varias instituciones del ejecutivo, legislativo y judicial, se modificaron, suprimieron o crearon con la nueva Constitución Nacional. Pero los partidos continuaron incólumes. Realizar los grandes y nuevos cambios del país, quedó en las viejas manos de las anquilosadas estructuras políticas.

La constitución del 91 fue el puntillazo final al bipartidismo predominante en el sistema político colombiano. Cinco años atrás había finalizado el periodo extendido del Frente Nacional iniciado desde 1958 para restarle soporte a la confrontación violenta entre liberales y conservadores. La Asamblea Nacional Constituyente, creyó que la crisis del sistema político se resolvía abriendo las puertas a muchas y nuevas expresiones políticas. La apertura mataría también al inefable clientelismo tradicional alimentado por el reparto milimétrico de las cuotas burocráticas, los contratos y el ejercicio interesado del poder. Hoy los partidos siguen en la cola de la favorabilidad ciudadana, medida por las encuestas de opinión.

La creación de la circunscripción nacional electoral acabó con el monopolio liberal conservador. Pequeñas organizaciones o movimientos políticos, tuvieron real opción de ganar alcaldías o gobernaciones. Otras opciones se abrieron con la prohibición de acumular en una sola persona y al mismo tiempo, curules de corporaciones diferentes (asamblea, concejo, congreso) y la separación de la elección presidencial de las elecciones de Senado y Cámara, y asambleas y concejos. Además, el Estado asumió la financiación parcial de las campañas según un monto por cada voto obtenido. El voto urbano quedó muy suelto, lo que posibilitó la aparición en las contiendas de algunos exitosos candidatos independientes. Pero continuó la injerencia de recursos mal habidos y floreció la parapolitica. El poder del dinero se acrecentó. La compraventa de votos se convirtió en una rutina y la trashumancia electoral se expandió ante la impotencia o la incapacidad de las autoridades electorales.

Medidas adoptadas posteriormente con la reforma política del 2003, como el umbral, listas únicas y voto preferente, no democratizaron ni oxigenaron la vida de los partidos. Los intereses personales de los dirigentes continúan primando sobre los colectivos. Practicas como la doble militancia y el trasfuguismo, no desaparecen a pesar de que en los estatutos de los partidos se anuncien sanciones y descalificaciones. El comercio de los avales sigue en subasta pública y se cambia de militancia en un partido como se cambia de camisa.

Hace 20 años, la explicación del clientelismo y la politiquería era la existencia del bipartidismo liberal conservador. Lo mismo que de la violencia guerrillera por parte de algunos sectores académicos inconformes. Surgieron nuevos partidos y desaparecieron otros al amparo de la constitución del 91, y la desconfianza y la apatía popular se sostienen. Nuevos actores con viejos ropajes. Resultó demasiado errónea y costosa la decisión de los constituyentes de aquella época, de enmochilar cualquier medida relacionada con el funcionamiento interno de los partidos. Es su gran lunar.