Ana Margarita Durán, Fiscal antimafia, se queja de la incapacidad del Estado para luchar contra los narcos; la conclusión más destacada por los medios de comunicación de lo que se planteó en los Talleres Democráticos del Uribismo en Bogotá, fue la propuesta de crear la Secretaría de la Seguridad para hacerle frente a la delincuencia capitalina; y en Medellín, de tantas cosas que impactan cada día, destaco la queja de la Mesa defensora de los DDHH de la comuna seis, de que la delincuencia organizada incrementó el montó de las vacunas de todo tipo, incluidas las “populares” que pasaron de $3.000 a $5.000, de las cuales no se escapan ni los mismos muchachos y muchachas que acceden a algún beneficio económico – algo así como 200.000 pesos mensuales, más acompañamiento social- por parte de la Alcaldía, como parte de su estrategia de paz en las comunas; las FARC y el narcotráfico forzaron la movilización de 5.000 campesinos al casco urbano de Anorí exigiendo la suspensión de las fumigaciones y otras arandelas. Inicialmente, los gobiernos nacional y departamental respondieron al unísono con un no rotundo, pero en el texto convenido para lograr el retorno aparece el compromiso de no volver al glifosato.
La Fiscal antimafia tiene razón. Debe ser muy duro para un funcionario con la responsabilidad que tiene ella, sentir que su lucha molesta y zarandea a la delincuencia, pero sin hacer la mella suficiente, porque cae uno y llega otro y otro como un sinfín, simplemente porque el Estado tiene minimizado el enemigo: son Bacrim alrededor del narcotráfico, cuyos jefes son perseguidos por policías y recompensas, algunos apresados o dados de baja ¡pero hasta ahí! Las estructuras permanecen incólumes. El Estado se niega a reconocer que esas estructuras sobreviven y se fortalecen porque tienen sólidos entronques en la legalidad, desde complicidades efectivas de servidores públicos –policías, fiscales, jueces, vigilantes, gobernantes- hasta las puertas abiertas para acceder con sus tulas al sistema financiero. Ese emparentamiento de la criminalidad con la legalidad es la principal característica de la organización mafiosa en Italia, USA o Colombia. Seguramente a la Fiscal antimafia le preocupa no observar acciones contundentes de la Institucionalidad para romper esos lazos no santos, en particular, con el sector bancario.
La propuesta Uribista de responder con la creación de una nueva Secretaría en Bogotá –lógico sería extenderla a otras ciudades- no se sale de esa óptica de coger los problemas por las ramas: liquidación del ISS, de los Ministerios de Ambiente, Trabajo y Justicia, volverlos a crear, acabar las CAR, etc. La posible Secretaría de la Seguridad al lado de la Secretaría de Gobierno, no va a liquidar el flagelo de la inseguridad si al mismo tiempo se reconoce que falta más píe de fuerza, más tecnología, más participación ciudadana y más inteligencia, en buena parte políticas nacionales. Persiste la idea cual embudo, de que los éxitos de la seguridad son logros del gobierno central y los reveses son culpa de los gobiernos locales.
La Fiscal antimafia tiene razón. Debe ser muy duro para un funcionario con la responsabilidad que tiene ella, sentir que su lucha molesta y zarandea a la delincuencia, pero sin hacer la mella suficiente, porque cae uno y llega otro y otro como un sinfín, simplemente porque el Estado tiene minimizado el enemigo: son Bacrim alrededor del narcotráfico, cuyos jefes son perseguidos por policías y recompensas, algunos apresados o dados de baja ¡pero hasta ahí! Las estructuras permanecen incólumes. El Estado se niega a reconocer que esas estructuras sobreviven y se fortalecen porque tienen sólidos entronques en la legalidad, desde complicidades efectivas de servidores públicos –policías, fiscales, jueces, vigilantes, gobernantes- hasta las puertas abiertas para acceder con sus tulas al sistema financiero. Ese emparentamiento de la criminalidad con la legalidad es la principal característica de la organización mafiosa en Italia, USA o Colombia. Seguramente a la Fiscal antimafia le preocupa no observar acciones contundentes de la Institucionalidad para romper esos lazos no santos, en particular, con el sector bancario.
La propuesta Uribista de responder con la creación de una nueva Secretaría en Bogotá –lógico sería extenderla a otras ciudades- no se sale de esa óptica de coger los problemas por las ramas: liquidación del ISS, de los Ministerios de Ambiente, Trabajo y Justicia, volverlos a crear, acabar las CAR, etc. La posible Secretaría de la Seguridad al lado de la Secretaría de Gobierno, no va a liquidar el flagelo de la inseguridad si al mismo tiempo se reconoce que falta más píe de fuerza, más tecnología, más participación ciudadana y más inteligencia, en buena parte políticas nacionales. Persiste la idea cual embudo, de que los éxitos de la seguridad son logros del gobierno central y los reveses son culpa de los gobiernos locales.
Nada hay que decir sobre los mensajes que traslucen las posturas de los gobernantes frente a situaciones como las de Anorí. Se envalentonan al comienzo para echar reversa después. En lugar de reconocer que las fumigaciones hay que revisarlas como estrategia antidrogas –Colombia es el único país del área que las utiliza- esgrimidas para sacar y esconder la mano, como garrote o zanahoria. La sustitución de cultivos no es la prioridad.
Las vacunas y la extorsión son una pesadilla generalizada que sólo dimensiona quien las sufre, mientras las autoridades se muerden las uñas por la impotencia, a pesar de los esfuerzos y las intensiones. Ya muy poco se refieren al asunto, sólo los medios. Es mejor cerrar los ojos.
Las vacunas y la extorsión son una pesadilla generalizada que sólo dimensiona quien las sufre, mientras las autoridades se muerden las uñas por la impotencia, a pesar de los esfuerzos y las intensiones. Ya muy poco se refieren al asunto, sólo los medios. Es mejor cerrar los ojos.
