Jorge Mejia Martinez
jorgemejiama@gmail.com
Hace rato que Corantioquia llamó la atención sobre 30 sitios identificados como críticos, considerados riesgosos y que en Antioquia requieren atención, pero ninguna oficina del gobierno nacional o departamental o municipales, ha reaccionado para decir esta boca es mía. Lo mismo ocurrió con la alerta lanzada por Corantioquia desde 2006, intentando llamar la atención de las autoridades por las amenazas encontradas en la Gabriela del municipio de Bello, que desembocaron en la tragedia de inicios de diciembre de 2010, con un saldo de más de 80 personas muertas por un inmenso alud de tierra.
Nadie puede negar que la Corporación ha actuado en la prevención de desastres, dando respuesta a la función 23 del artículo 31 de la Ley 99, según la cual a las CAR les compete “Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, en coordinación con las demás autoridades competentes, y asistirlas en los aspectos medioambientales en la prevención y atención de emergencias y desastres”. Como una sola golondrina no hace verano, la reacción del país fue la de venirse lanza en ristre contra las CAR, consideradas responsables de la tragedia ocasionada por la ola invernal en buena parte del territorio nacional.
El Gobierno de Santos encontró allí el chivo expiatorio para evitar discusiones sobre el modelo de ocupación del territorio, o como lo dijo el ex ministro Juan Mayr Maldonado “el modelo de desarrollo y planificación imperante a lo largo de décadas nunca tomó en serio las particulares características ambientales de nuestro territorio”. El cambio climático y su impacto en Colombia es un asunto eludido por un Estado más interesado en echarle vapor a la minería como una locomotora de la economía colombiana.
La medida más espectacular para calmar a los medios de comunicación y a la galería fue la intervención a las CAR, luego de mucho patinar con la amenaza de liquidación o de reforma, evidencia de la inveterada improvisación característica de nuestros gobernantes en la última década: Telecom, el Seguro Social, los ministerios de medio ambiente, trabajo y justicia. Creer que la solución a los problemas de modelo conceptual, de estrategia u operacionales, es la tijera a la estructura administrativa o a la nomina. Las discusiones de fondo quedan enterradas. El gran parto de los montes, terminó en una concentración mayor de funciones en manos de la Presidencia, en detrimento de la descentralización y la autonomía regional, principio que inspiró la ley 99 de 1993 cuando creó las CAR con el sugestivo nombre de CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES, como lo plantea el editorial de EL MUNDO de este domingo. De un plumazo el gobierno central se echó al bolsillo todo el sistema nacional ambiental.
La justificación es la lucha contra la corrupción. Valido. Hay unas CAR que además de ser incompetentes, son corruptas. Contra ellas hay que actuar. Pero aprovechar esa realidad para echarles la culpa de la tragedia invernal, desconociendo la incompetencia de toda la estructura del Estado para preservar y fortalecer el medio ambiente, es algo injusto. Además, la corrupción campea por todos lados. Las direcciones de las CAR ya no dependerán de los gobernantes y las comunidades organizadas de las respectivas jurisdicciones de las Corporaciones. Ahora serán resorte del Palacio de Nariño. Cambiamos un clientelismo por otro, en lugar de exigirles a los organismos de control el cumplimiento de su obligación de someter a todas las entidades públicas, incluidas las CAR, a los principios y criterios del buen gobierno. El que la deba, la paga. Pero no.
Clientelismo y politiquería, no son males exclusivos de las entidades regionales y locales. Como decidí doblar la página respecto a lo ocurrido con el gobierno nacional en los últimos 8 años en Colombia, manifiesto mi preocupación por el indebido uso que pueda hacerse desde Bogotá del inmenso poder incrementado por el Presidente Santos con la firma de un decreto. No se puede desconocer que, por ejemplo, el Vicepresidente Angelino Garzón ha dado muestra de un apetito voraz -no hablo de comida- por la burocracia como lo demuestra su manejo interesado de la crisis de la gobernación del Valle y de la Comisión Nacional de Reparación, CNRR. De otro lado, ¿alguien llegó a escuchar una alerta previa al crudo invierno por parte de la entidad responsable de la nación llamada IDEAM?
jorgemejiama@gmail.com
Hace rato que Corantioquia llamó la atención sobre 30 sitios identificados como críticos, considerados riesgosos y que en Antioquia requieren atención, pero ninguna oficina del gobierno nacional o departamental o municipales, ha reaccionado para decir esta boca es mía. Lo mismo ocurrió con la alerta lanzada por Corantioquia desde 2006, intentando llamar la atención de las autoridades por las amenazas encontradas en la Gabriela del municipio de Bello, que desembocaron en la tragedia de inicios de diciembre de 2010, con un saldo de más de 80 personas muertas por un inmenso alud de tierra.
Nadie puede negar que la Corporación ha actuado en la prevención de desastres, dando respuesta a la función 23 del artículo 31 de la Ley 99, según la cual a las CAR les compete “Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, en coordinación con las demás autoridades competentes, y asistirlas en los aspectos medioambientales en la prevención y atención de emergencias y desastres”. Como una sola golondrina no hace verano, la reacción del país fue la de venirse lanza en ristre contra las CAR, consideradas responsables de la tragedia ocasionada por la ola invernal en buena parte del territorio nacional.
El Gobierno de Santos encontró allí el chivo expiatorio para evitar discusiones sobre el modelo de ocupación del territorio, o como lo dijo el ex ministro Juan Mayr Maldonado “el modelo de desarrollo y planificación imperante a lo largo de décadas nunca tomó en serio las particulares características ambientales de nuestro territorio”. El cambio climático y su impacto en Colombia es un asunto eludido por un Estado más interesado en echarle vapor a la minería como una locomotora de la economía colombiana.
La medida más espectacular para calmar a los medios de comunicación y a la galería fue la intervención a las CAR, luego de mucho patinar con la amenaza de liquidación o de reforma, evidencia de la inveterada improvisación característica de nuestros gobernantes en la última década: Telecom, el Seguro Social, los ministerios de medio ambiente, trabajo y justicia. Creer que la solución a los problemas de modelo conceptual, de estrategia u operacionales, es la tijera a la estructura administrativa o a la nomina. Las discusiones de fondo quedan enterradas. El gran parto de los montes, terminó en una concentración mayor de funciones en manos de la Presidencia, en detrimento de la descentralización y la autonomía regional, principio que inspiró la ley 99 de 1993 cuando creó las CAR con el sugestivo nombre de CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES, como lo plantea el editorial de EL MUNDO de este domingo. De un plumazo el gobierno central se echó al bolsillo todo el sistema nacional ambiental.
La justificación es la lucha contra la corrupción. Valido. Hay unas CAR que además de ser incompetentes, son corruptas. Contra ellas hay que actuar. Pero aprovechar esa realidad para echarles la culpa de la tragedia invernal, desconociendo la incompetencia de toda la estructura del Estado para preservar y fortalecer el medio ambiente, es algo injusto. Además, la corrupción campea por todos lados. Las direcciones de las CAR ya no dependerán de los gobernantes y las comunidades organizadas de las respectivas jurisdicciones de las Corporaciones. Ahora serán resorte del Palacio de Nariño. Cambiamos un clientelismo por otro, en lugar de exigirles a los organismos de control el cumplimiento de su obligación de someter a todas las entidades públicas, incluidas las CAR, a los principios y criterios del buen gobierno. El que la deba, la paga. Pero no.
Clientelismo y politiquería, no son males exclusivos de las entidades regionales y locales. Como decidí doblar la página respecto a lo ocurrido con el gobierno nacional en los últimos 8 años en Colombia, manifiesto mi preocupación por el indebido uso que pueda hacerse desde Bogotá del inmenso poder incrementado por el Presidente Santos con la firma de un decreto. No se puede desconocer que, por ejemplo, el Vicepresidente Angelino Garzón ha dado muestra de un apetito voraz -no hablo de comida- por la burocracia como lo demuestra su manejo interesado de la crisis de la gobernación del Valle y de la Comisión Nacional de Reparación, CNRR. De otro lado, ¿alguien llegó a escuchar una alerta previa al crudo invierno por parte de la entidad responsable de la nación llamada IDEAM?
