La información de la semana pasada de que la sala penal de la Corte Suprema estaba indagando por 5 dirigentes antioqueños para establecer supuestos vínculos con la parapolitica, generó un cimbronazo en todos los mentideros políticos y sociales, convertido al día siguiente en latigazo cuando se conoció que la lista se ampliaba a 13. Se llegó a hablar hasta de 18 nombres. Algunos sectores reaccionaron, alarmados y airados, por considerar que se trataba de un ataque desde la Corte Suprema a la antioqueñidad y a la región. Sin meterme en honduras ajenas al respeto de la presunción de inocencia, la exigencia del debido proceso, el acatamiento de la acción de la justicia y el criterio sano de que quien nada debe, nada teme y el que la debe la paga, sí me parece lógica la siguiente pregunta: ¿mientras en otras regiones del país el escándalo de la parapolitica ha tenido un mayor impacto y desarrollo, porqué Antioquia deberá ser la excepción si fue un protagonista de primer orden en la gestación y expansión del paramilitarismo en Colombia?
La ubicación geográfica de los 31.617 desmovilizados de las AUC fue la siguiente: 32% en Antioquia, 14.5% en Córdoba, 10.5% en Cesar, 8.6% en Magdalena y 6.8% en Santander, el resto en todo el país. La distribución de los desmovilizados por ciudades fue: Medellín (3.037), Montería (1.859), Valledupar (1.548), Santa Marta (1.228), Tierralta (Córdoba) con 940, Caucasia (Antioquia) con 728, Turbo (Antioquia) con 646, Puerto Boyacá (Boyacá) con 600, Valencia (Córdoba) con 505, San Pedro de Urabá (Antioquia) con 467, Carepa (Antioquia) con 412 y Apartadó (Antioquia) con 439 (Mapp/OEA, 2006). El 32% de participación de Antioquia es mucho mayor si consideramos que desde Urabá, Bajo Cauca y Nordeste, se nutrieron los frentes y bloques del paramilitarismo en el sur del país. Así como el mayor porcentaje de victimarios es oriundo de esta tierra, también ocurre lo mismo con las víctimas del desplazamiento, masacres, desapariciones y homicidios.
La relación narcos-paras-políticos es de vieja data. Pablo Escobar fue congresista con un equipo político a su servicio en 1982; financió muchas campañas proselitistas. El 4 de febrero de 1983 el Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, denunció ante el Congreso que en la creación del MAS (Muerte a Secuestradores) habían participado 163 personas, 59 de las cuales eran oficiales del ejército en servicio activo, junto a representantes de empresas petroleras, ganaderos y políticos de la región de Antioquia y el magdalena Medio, cuyo radio de acción se ubicaba en Puerto Boyacá. En el surgimiento y desviación de las convivires de todo tipo, con diversas denominaciones, es posible encontrar nombres de personajes políticos en cada una de las subregiones de Antioquia. Más adelante, según las investigaciones de la Corporación Arco iris, al lado de la expansión paramilitar ocurría un fenómeno electoral muy particular: nuevos movimientos políticos ampliaban su influencia en el país y en Antioquia, en su mayoría desaparecidos por la vía de integrarse a otras colectividades partidistas presionados por el umbral electoral o el escarnio público. Superponer los mapas de la presencia de las AUC y la presencia de algunos de estos nuevos grupos políticos caza como anillo al dedo.
Después de 1997, era claro que el esfuerzo militar realizado por los paramilitares, con el narcotráfico de por medio, tenía una clara intencionalidad política: buscar una negociación con el Estado. Así quedó establecido en el texto emanado de la cumbre donde se fundan las AUC en mayo de 1998 para aclarar la misión de las fuerzas paramilitares: “Definir las Autodefensas Unidas de Colombia como un movimiento político- militar de carácter anti-subversivo en ejercicio del derecho a la legítima defensa que reclama transformaciones del Estado, pero no atenta contra él”. La postura anti guerrillera era la carta de presentación para esta negociación. Allí encontró lugar un sector importante de la clase política regional convencida del gana gana. El orgullo y la satisfacción con que Salvatore Mancuso y Vicente Castaño reconocieron luego que bajo su control estaba el 35 por ciento del Congreso, confirmarían el éxito del empeño por la alianza.
No sería lógico pensar que en esa tercera parte del Congreso afecta a los paras, los antioqueños brillaran por su ausencia.
La ubicación geográfica de los 31.617 desmovilizados de las AUC fue la siguiente: 32% en Antioquia, 14.5% en Córdoba, 10.5% en Cesar, 8.6% en Magdalena y 6.8% en Santander, el resto en todo el país. La distribución de los desmovilizados por ciudades fue: Medellín (3.037), Montería (1.859), Valledupar (1.548), Santa Marta (1.228), Tierralta (Córdoba) con 940, Caucasia (Antioquia) con 728, Turbo (Antioquia) con 646, Puerto Boyacá (Boyacá) con 600, Valencia (Córdoba) con 505, San Pedro de Urabá (Antioquia) con 467, Carepa (Antioquia) con 412 y Apartadó (Antioquia) con 439 (Mapp/OEA, 2006). El 32% de participación de Antioquia es mucho mayor si consideramos que desde Urabá, Bajo Cauca y Nordeste, se nutrieron los frentes y bloques del paramilitarismo en el sur del país. Así como el mayor porcentaje de victimarios es oriundo de esta tierra, también ocurre lo mismo con las víctimas del desplazamiento, masacres, desapariciones y homicidios.
La relación narcos-paras-políticos es de vieja data. Pablo Escobar fue congresista con un equipo político a su servicio en 1982; financió muchas campañas proselitistas. El 4 de febrero de 1983 el Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, denunció ante el Congreso que en la creación del MAS (Muerte a Secuestradores) habían participado 163 personas, 59 de las cuales eran oficiales del ejército en servicio activo, junto a representantes de empresas petroleras, ganaderos y políticos de la región de Antioquia y el magdalena Medio, cuyo radio de acción se ubicaba en Puerto Boyacá. En el surgimiento y desviación de las convivires de todo tipo, con diversas denominaciones, es posible encontrar nombres de personajes políticos en cada una de las subregiones de Antioquia. Más adelante, según las investigaciones de la Corporación Arco iris, al lado de la expansión paramilitar ocurría un fenómeno electoral muy particular: nuevos movimientos políticos ampliaban su influencia en el país y en Antioquia, en su mayoría desaparecidos por la vía de integrarse a otras colectividades partidistas presionados por el umbral electoral o el escarnio público. Superponer los mapas de la presencia de las AUC y la presencia de algunos de estos nuevos grupos políticos caza como anillo al dedo.
Después de 1997, era claro que el esfuerzo militar realizado por los paramilitares, con el narcotráfico de por medio, tenía una clara intencionalidad política: buscar una negociación con el Estado. Así quedó establecido en el texto emanado de la cumbre donde se fundan las AUC en mayo de 1998 para aclarar la misión de las fuerzas paramilitares: “Definir las Autodefensas Unidas de Colombia como un movimiento político- militar de carácter anti-subversivo en ejercicio del derecho a la legítima defensa que reclama transformaciones del Estado, pero no atenta contra él”. La postura anti guerrillera era la carta de presentación para esta negociación. Allí encontró lugar un sector importante de la clase política regional convencida del gana gana. El orgullo y la satisfacción con que Salvatore Mancuso y Vicente Castaño reconocieron luego que bajo su control estaba el 35 por ciento del Congreso, confirmarían el éxito del empeño por la alianza.
No sería lógico pensar que en esa tercera parte del Congreso afecta a los paras, los antioqueños brillaran por su ausencia.
