Finalizando el mes de noviembre, 2.600 policías y militares desarrollaron una operación de guerra que puso fin al control territorial de los narcotraficantes, expulsados casi sin oponer resistencia, de las 15 favelas que hacen parte del Complexo do Alemao, zona de Rio de Janeiro que durante tres décadas estuvo dominada por el crimen organizado. Dos horas tardó la fuerza pública en llegar a la cima del territorio. Las banderas de Brasil y del Estado de Rio de Janeiro se pusieron a ondear en la torre de un teleférico, ante la incredulidad de los pobladores cuya preocupación es la de recibir garantías de permanencia y buen trato por parte de los uniformados. La ocupación tuvo un saldo de 36 delincuentes muertos, un número indeterminado de detenidos, 34 toneladas de estupefacientes decomisadas, 518 armas incautadas y más de un centenar de vehículos incinerados.
La decisión de realizar las intensas operaciones militares en las favelas que albergan más de 400.000 personas, fue auspiciada financieramente desde el sector privado. Compañías como Cocacola y el banco local Bradesco, donaron millones de dólares este año para ayudar a financiar operativos policiales para combatir un problema que cuesta a Brasil 100.000 millones de dólares por año en seguridad, inversión y productividad perdidas. El otro ingrediente importante es la convicción generalizada de que era el momento apropiado, dada la prosperidad social que se respira luego de los mandatos consecutivos de Ignacio Lula. Allá en el fondo de la mirada, también estaban los próximos juegos olímpicos y el mundial de futbol.
Hablar de las favelas de Rio de Janeiro es como hablar de algunas comunas de Medellín. Con diferencias notables. Por ejemplo, en Brasil las disputas territoriales se definieron hace mucho tiempo. Cada banda delincuencial se acomodó en su respectivo territorio, imponiendo su ley omnímoda sobre el territorio y la población. Los jefes de las bandas controlaban todo tipo de operación legal e ilegal. Su soporte era la permisividad de una población amedrentada, la complicidad de muchos miembros corruptos de la policía y un Estado pusilánime.
Entre nosotros las confrontaciones por el control del territorio han sido frecuentes, sin dar oportunidad a la consolidación de una fuerza hegemónica. Milicias guerrilleras versus grupos paramilitares, hace menos de diez años. Estos últimos ganaron la batalla y asumieron el control, resquebrajado luego por un vacío de poder ante la desmovilización y extradición a EEUU de la máxima comandancia que regulaba el comportamiento de las bandas y los combos. Se desató la anarquía delincuencial durante un breve periodo de reacomodo, hasta que mandos medios, ex paramilitares, no necesariamente desmovilizados, conocedores de las rutas y de los secretos del narcotráfico, decidieron enfrentarse como hermanos irreconciliables, por el control de la ciudad y otros territorios como el bajo cauca y Uraba, corredores estratégicos del negocio. Parece que ya hubo un desenlace por agotamiento o sometimiento de uno de los bandos de alias Sebastián o alias Valenciano. Las cifras de homicidios volvieron a bajar, aunque lo mismo no ocurre con el microtrafico, las extorsiones y las vacunas. Pero las autoridades y la ciudadanía, volvieron a respirar.
La seguridad ciudadana urbana, como consecuencia de la acción legitima de las autoridades, es un propósito difícil y complejo, cuando generaciones de jóvenes se levantan rodeadas por una tentadora y lucrativa criminalidad, tras sentir el hambre y las carencias. La respuesta social no puede seguir siendo la apatía, el miedo y la impunidad, justificadores del riesgo, que actúa como motor de la delincuencia. En Rio de Janeiro, la recuperación militar del control del territorio por parte de las autoridades, fue relativamente fácil y con gran aceptación popular (84% de aprobación), porque fue la consecuencia lógica luego de haber reducido sustancialmente la miseria y la pobreza en el sector.
La decisión de realizar las intensas operaciones militares en las favelas que albergan más de 400.000 personas, fue auspiciada financieramente desde el sector privado. Compañías como Cocacola y el banco local Bradesco, donaron millones de dólares este año para ayudar a financiar operativos policiales para combatir un problema que cuesta a Brasil 100.000 millones de dólares por año en seguridad, inversión y productividad perdidas. El otro ingrediente importante es la convicción generalizada de que era el momento apropiado, dada la prosperidad social que se respira luego de los mandatos consecutivos de Ignacio Lula. Allá en el fondo de la mirada, también estaban los próximos juegos olímpicos y el mundial de futbol.
Hablar de las favelas de Rio de Janeiro es como hablar de algunas comunas de Medellín. Con diferencias notables. Por ejemplo, en Brasil las disputas territoriales se definieron hace mucho tiempo. Cada banda delincuencial se acomodó en su respectivo territorio, imponiendo su ley omnímoda sobre el territorio y la población. Los jefes de las bandas controlaban todo tipo de operación legal e ilegal. Su soporte era la permisividad de una población amedrentada, la complicidad de muchos miembros corruptos de la policía y un Estado pusilánime.
Entre nosotros las confrontaciones por el control del territorio han sido frecuentes, sin dar oportunidad a la consolidación de una fuerza hegemónica. Milicias guerrilleras versus grupos paramilitares, hace menos de diez años. Estos últimos ganaron la batalla y asumieron el control, resquebrajado luego por un vacío de poder ante la desmovilización y extradición a EEUU de la máxima comandancia que regulaba el comportamiento de las bandas y los combos. Se desató la anarquía delincuencial durante un breve periodo de reacomodo, hasta que mandos medios, ex paramilitares, no necesariamente desmovilizados, conocedores de las rutas y de los secretos del narcotráfico, decidieron enfrentarse como hermanos irreconciliables, por el control de la ciudad y otros territorios como el bajo cauca y Uraba, corredores estratégicos del negocio. Parece que ya hubo un desenlace por agotamiento o sometimiento de uno de los bandos de alias Sebastián o alias Valenciano. Las cifras de homicidios volvieron a bajar, aunque lo mismo no ocurre con el microtrafico, las extorsiones y las vacunas. Pero las autoridades y la ciudadanía, volvieron a respirar.
La seguridad ciudadana urbana, como consecuencia de la acción legitima de las autoridades, es un propósito difícil y complejo, cuando generaciones de jóvenes se levantan rodeadas por una tentadora y lucrativa criminalidad, tras sentir el hambre y las carencias. La respuesta social no puede seguir siendo la apatía, el miedo y la impunidad, justificadores del riesgo, que actúa como motor de la delincuencia. En Rio de Janeiro, la recuperación militar del control del territorio por parte de las autoridades, fue relativamente fácil y con gran aceptación popular (84% de aprobación), porque fue la consecuencia lógica luego de haber reducido sustancialmente la miseria y la pobreza en el sector.
