En Cuba están pasando cosas. Los presos políticos salen de la cárcel por la acción de la iglesia católica y los trabajadores públicos son despedidos en masa por la presión de la racionalidad económica capitalista. 500.000 asalariados del Estado son lanzados a la calle de manera intempestiva, sin una amplia discusión política y en medio del silencio de la prensa oficial, la única que existe. Los más pobres – los que no reciben remesas en dólares, ni trafican en el mercado negro- son los paganinis del estancamiento de la economía de la isla. De un tajo, el gobierno de Raúl Castro les decretó la supresión de la cartilla, el seguro de desocupación, los subsidios y gratuidades que se consideraban conquistas de la revolución.
El licenciamiento del 10% de la población económicamente activa, abrió las puertas a la informalización y privatización del mercado laboral. Fueron creados y estimulados 178 nuevos rubros u oficios para la actividad privada. En 83 de esas actividades se podrán contratar empleados. El alquiler de apartamentos y habitaciones tiene vía libre. Pero el marco regulatorio es casi imposible de cumplir. El alquiler es tan solo entre cubanos, con una carga impositiva que puede llegar hasta los 150 dólares mensuales. ¿Cuáles son los cubanos que pueden pagar de arriendo al menos 200 dólares por mes para que el propietario gane algo, si el salario medio nacional oscila en los 17 dólares mensuales?
Los que serán despedidos no tendrán más camino.
Pero las drásticas medidas tienen su razón de ser. El ministro de Economía, Marino Murillo, dijo que las mismas buscan, entre otros aspectos, "descargar al Estado de actividades que no le corresponden" e "incrementar la productividad del trabajo". A este respecto, habló de una "relación desproporcionada" entre el salario medio y la productividad del trabajo, y consideró que "la sociedad reparte bienes de consumo más rápido que los crea" y que, al trabajar más personas en el sector servicios que en la producción de bienes, existe una "estructura de ocupación que no permite el buen funcionamiento de ninguna economía". Economistas cubanos citan los bajos salarios y la falta de estímulos entre las razones de la baja productividad de buena parte del sector estatal, responsable del 95 por ciento de la economía en la isla socialista. No obstante, las autoridades cubanas aseguran que el poder adquisitivo real de la población es mayor, por tener acceso a un buen número de productos y servicios subsidiados, desde la electricidad, el agua o el transporte público, hasta un paquete básico de alimentos, además de sanidad y educación gratuitas.
La burocracia descarga en los trabajadores la baja productividad y competitividad del aparato productivo cubano. Además de otras causas estructurales –como el impacto del bloqueo gringo- se resiste a reconocer el peso desestabilizador de la creciente corrupción que campea en la isla. Cuando en julio pasado un militante de toda la vida del PCC, el académico y economista Esteban Morales, de 67 años, doctor en Ciencias, se le ocurrió denunciar el tema en una carta pública, fue inmediatamente expulsado del Partido.
Morales, en una carta abierta titulada “Corrupción: ¿La verdadera contrarrevolución?” planteó: “La corrupción resulta ser la verdadera contrarrevolución, la que más daño puede hacer, porque resulta estar dentro del gobierno y del aparato estatal, que son los que realmente manejan los recursos del país. Si no, veamos algo muy simple: ¿cuándo hay leche en polvo en el mercado negro, que ha ido subiendo de precios hasta llegar a 70 pesos el kilogramo?: cuando la leche en polvo llega a los almacenes estatales. No hay mejor ejemplo que ese. Y así es con todos los productos que se adquieren en el mercado negro por parte de la mayoría de la población. Es decir, a cuenta de los recursos estatales, existe un mercado ilegal, del cual todos se benefician, menos el Estado…”
La situación en cuba se puede hinchar.
