Sobre el proceso de desmovilización de las AUC todavía persisten sombras que opacan las luces. La verdad, la justicia y la reparación, siguen enredadas en las cárceles de los EEUU luego de la extradición en masa de la comandancia paramilitar. Sigue la imposibilidad de viabilizar los supuestos acuerdos de las justicias colombiana y norteamericana, para continuar vía electrónica el proceso como si nada hubiera ocurrido. En muchos colombianos quedó la sensación de que el gobierno de Alvaro Uribe le quedó debiendo al país parte de la verdad que motivó la decisión abrupta de extraditar a los dueños de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de los crímenes y delitos de los paras. Los hechos han justificado esa preocupación; sobran las cifras lamentables. Y ya empiezan a aparecer testimonios de actores calificados de los hechos.
Este domingo el canal RCN transmitió el programa El Abogado de los diablos a manera de documental periodístico, con el principal defensor, gringo, de los paramilitares colombianos, quien deja entrever los entretelones de la negociación de sus defendidos con el aparato judicial norteamericano. Las expectativas de fiscales, jueces y víctimas de Colombia, no juegan para nada, con la complicidad o no del gobierno nuestro.
Otra sombra negra que pesa sobre el proceso es la de la suerte de los cerca de 30.000 desmovilizados. Muchos creemos que con la complacencia de Luis Carlos Restrepo, en los rimbombantes actos de desmovilización de frentes y bloques de las AUC, no eran todos los que estaban, ni estaban todos los que eran. Hubo centenares o miles de colados. El Alto Comisionado, negociador a nombre del gobierno de los colombianos, jamás exigió el desmonte de todas las estructuras paramilitares, como tampoco de todas las actividades ilícitas que permitían su financiación. No de otra manera se puede explicar el reciclaje que se presentó en el país, con la aparición de nuevas viejas organizaciones delincuenciales con nombres como águilas negras, renacer etc., dedicadas a las mismas actividades ilegales anteriores, sin el discurso y el accionar antisubversivo. Los mandos medios asumieron las funciones de los comandantes encarcelados.
Pero el gobierno nacional, el actual como el anterior, se ufana en cantar victoria. En ningún momento ha asumido una evaluación autocritica de lo sucedido. Según el diario EL MUNDO, de este domingo, la Alta Consejera Presidencial para la Reintegración, Maria Eugenia Pinto, aseguró que hoy hay 18.812 personas empleadas de los 31.000 desmovilizados activos en el proceso y otros 2.300 tienen un plan de negocio. O sea que más de las dos terceras partes de los excombatientes se han reintegrado a la sociedad civil por la vía de ocuparse laboralmente. EL General Naranjo, comandante de la Policía colombiana, considera que “solo el 13% de los capturados de las Bacrim son desmovilizados”. Lo que no se puede desconocer es que la gran mayoría de los jefes de hoy, desde alias Sebastían y alias Valenciano, hacia abajo, son ex miembros de las AUC, se hayan desmovilizado o no.
Otra sombra tiene que ver con las armas que dan notoriedad a la crisis de inseguridad que se vive en los grandes centros urbanos de Colombia, como Medellín, Itaguí o Caucasia. El Alcalde Alonso Salazar no se ha cansado de denunciar el papel de las armas de fuego en el conflicto. No solo por la falta de control en su porte, sino por la cantidad y calidad de las mismas. ¿De dónde vienen las armas? Se dice que del mercado negro que tiene a Medellín como uno de sus epicentros en conexión con Uraba. Pero es el momento de indagar si lo que ocurre no es simplemente la consecuencia del hecho recordado por la periodista Maria Elvira Samper en El Espectador dominical, citando a la Fundación Ideas para la Paz, de que las AUC no se desprendieron de todas las armas que poseían, guardando las mejores y entregando los trastos viejos. Otra falta de control por parte del Alto Comisionado con implicaciones fatales hoy.
Este domingo el canal RCN transmitió el programa El Abogado de los diablos a manera de documental periodístico, con el principal defensor, gringo, de los paramilitares colombianos, quien deja entrever los entretelones de la negociación de sus defendidos con el aparato judicial norteamericano. Las expectativas de fiscales, jueces y víctimas de Colombia, no juegan para nada, con la complicidad o no del gobierno nuestro.
Otra sombra negra que pesa sobre el proceso es la de la suerte de los cerca de 30.000 desmovilizados. Muchos creemos que con la complacencia de Luis Carlos Restrepo, en los rimbombantes actos de desmovilización de frentes y bloques de las AUC, no eran todos los que estaban, ni estaban todos los que eran. Hubo centenares o miles de colados. El Alto Comisionado, negociador a nombre del gobierno de los colombianos, jamás exigió el desmonte de todas las estructuras paramilitares, como tampoco de todas las actividades ilícitas que permitían su financiación. No de otra manera se puede explicar el reciclaje que se presentó en el país, con la aparición de nuevas viejas organizaciones delincuenciales con nombres como águilas negras, renacer etc., dedicadas a las mismas actividades ilegales anteriores, sin el discurso y el accionar antisubversivo. Los mandos medios asumieron las funciones de los comandantes encarcelados.
Pero el gobierno nacional, el actual como el anterior, se ufana en cantar victoria. En ningún momento ha asumido una evaluación autocritica de lo sucedido. Según el diario EL MUNDO, de este domingo, la Alta Consejera Presidencial para la Reintegración, Maria Eugenia Pinto, aseguró que hoy hay 18.812 personas empleadas de los 31.000 desmovilizados activos en el proceso y otros 2.300 tienen un plan de negocio. O sea que más de las dos terceras partes de los excombatientes se han reintegrado a la sociedad civil por la vía de ocuparse laboralmente. EL General Naranjo, comandante de la Policía colombiana, considera que “solo el 13% de los capturados de las Bacrim son desmovilizados”. Lo que no se puede desconocer es que la gran mayoría de los jefes de hoy, desde alias Sebastían y alias Valenciano, hacia abajo, son ex miembros de las AUC, se hayan desmovilizado o no.
Otra sombra tiene que ver con las armas que dan notoriedad a la crisis de inseguridad que se vive en los grandes centros urbanos de Colombia, como Medellín, Itaguí o Caucasia. El Alcalde Alonso Salazar no se ha cansado de denunciar el papel de las armas de fuego en el conflicto. No solo por la falta de control en su porte, sino por la cantidad y calidad de las mismas. ¿De dónde vienen las armas? Se dice que del mercado negro que tiene a Medellín como uno de sus epicentros en conexión con Uraba. Pero es el momento de indagar si lo que ocurre no es simplemente la consecuencia del hecho recordado por la periodista Maria Elvira Samper en El Espectador dominical, citando a la Fundación Ideas para la Paz, de que las AUC no se desprendieron de todas las armas que poseían, guardando las mejores y entregando los trastos viejos. Otra falta de control por parte del Alto Comisionado con implicaciones fatales hoy.
