Jorge Mejia Martinez
Jorge.mejia@une.net.co
Un amigo, hermano de un ex alcalde de un municipio del occidente de Antioquia, me comentó que ya no aguantaba más la exigencia de vacuna a su negocio –una ferretería-por parte de un combo del sector. ¿Qué hago? Fue su pregunta. Denuncie, fue mi respuesta. Así lo hizo ante la Fiscalía, de quien recibió el consejo de que mientras podían hacer alguna cosa y para evitar riesgos, se fuera con su familia para otra parte. Hoy es uno más de los desplazados intraurbanos que se esconden en la ciudad, con la satisfacción de no haber cedido al chantaje, pero con la angustia de tener las manos vacías para responder por los miembros de su hogar. La autoridad le dio una palmada en la espalda y le dio la espalda. Ese drama es pan caliente en Medellín y muchas otras partes.
La extorsión, es la gran pandemia de Medellín. La delincuencia organizada no se mosquea por las denuncias de los líderes barriales sobre narcotráfico, microtrafico, homicidios, robos etc. Lo que no permiten es la denuncia pública de la extorsión. Hay más de un dirigente amenazado por abrir la boca con el tema. Los dueños de buses y los conductores son esquilmados con la cuota, so pena de la quema del vehículo o la muerte del operario. Los contratistas de obra pública incluyen en sus presupuestos el costo de las extorsiones en plata, materiales o salarios. Los negocios pagan cuota, la vigilancia de hombres anónimos por cuadras en los barrios, cuesta plata. Otras veces y en algunas partes, hombres o muchachos anónimos exigen la cuota semanal por coger una escoba dizque para barrer las calles. Todo se puede cobrar.
El Colombiano denunció, este domingo, el cobro de peajes para trasladarse de una esquina a otra a visitar la novia o la mamá. Hay que pelar 10.000 pesitos para pasar las fronteras invisibles, pero mortales. EL MUNDO también hizo eco de la denuncia de la Corporación Convivamos –asentada hace muchos años, contra viento y marea, en la nororiental- de la inmensa preocupación de los padres de familia ante el acoso sexual de los bandidos hacia las muchachas menores de edad. “Virginidad, botín de guerra” fue el elocuente titular. La solución es el sometimiento de las adolecentes a los apetitos de los delincuentes o el desplazamiento de todo el grupo familiar. No es recurrir a la autoridad. El DAS publicó recientemente un análisis de la extorsión en Colombia y se vanaglorió de que durante lo corrido del presente año tan solo se habían presentado mil y pico de denuncias en todo el país. Concluyó, torpemente, que ello era resultado de la política de seguridad democrática y no del subregistro consecuencia de que la gente prefiere callar, antes que cazar un pleito que puede ser fatal.
Por eso es un elogio a la ridiculez el anuncio del nuevo Ministro de la Defensa Nacional de criminalizar el pago de vacunas o extorsiones, como un nuevo desarrollo de la política de seguridad ciudadana. Castigo para el que paga, es la sentencia. ¿Y para el que cobra qué? Con razón se ha dicho que las victimas van a terminar de victimarias. El panorama será distinto, cuando haya autoridad, pero no contra los indefensos ciudadanos, sino contra los criminales. Si no hay justicia y si no hay protección para quien decida enfrentar la delincuencia, posturas como las del Ministro de Defensa no hacen más que alimentar la sensación de que la seguridad urbana seguirá dependiendo más de la voluntad de los grandes capos o jefes, antes que del ejercicio soberano de la fuerza pública o la autoridad civil. ¿En manos de quien estamos?
PD: plausible la iniciativa de Jaime Jaramillo, Jorge Gaviria y Francisco Galán, de buscar consensos sobre puntos muy concretos y específicos para recuperar la tranquilidad de la ciudad. También es sensata la respuesta de la Alcaldía en el sentido de esperar primero la respuesta del gobierno nacional. Lo que sí no es plausible es que la Policía Comunitaria esté dedicada a buscar acuerdos o pactos entre bandas o a proteger a unas respecto a otras. Esa queja se escucha y se lee en varios sectores de Medellín.
Jorge.mejia@une.net.co
Un amigo, hermano de un ex alcalde de un municipio del occidente de Antioquia, me comentó que ya no aguantaba más la exigencia de vacuna a su negocio –una ferretería-por parte de un combo del sector. ¿Qué hago? Fue su pregunta. Denuncie, fue mi respuesta. Así lo hizo ante la Fiscalía, de quien recibió el consejo de que mientras podían hacer alguna cosa y para evitar riesgos, se fuera con su familia para otra parte. Hoy es uno más de los desplazados intraurbanos que se esconden en la ciudad, con la satisfacción de no haber cedido al chantaje, pero con la angustia de tener las manos vacías para responder por los miembros de su hogar. La autoridad le dio una palmada en la espalda y le dio la espalda. Ese drama es pan caliente en Medellín y muchas otras partes.
La extorsión, es la gran pandemia de Medellín. La delincuencia organizada no se mosquea por las denuncias de los líderes barriales sobre narcotráfico, microtrafico, homicidios, robos etc. Lo que no permiten es la denuncia pública de la extorsión. Hay más de un dirigente amenazado por abrir la boca con el tema. Los dueños de buses y los conductores son esquilmados con la cuota, so pena de la quema del vehículo o la muerte del operario. Los contratistas de obra pública incluyen en sus presupuestos el costo de las extorsiones en plata, materiales o salarios. Los negocios pagan cuota, la vigilancia de hombres anónimos por cuadras en los barrios, cuesta plata. Otras veces y en algunas partes, hombres o muchachos anónimos exigen la cuota semanal por coger una escoba dizque para barrer las calles. Todo se puede cobrar.
El Colombiano denunció, este domingo, el cobro de peajes para trasladarse de una esquina a otra a visitar la novia o la mamá. Hay que pelar 10.000 pesitos para pasar las fronteras invisibles, pero mortales. EL MUNDO también hizo eco de la denuncia de la Corporación Convivamos –asentada hace muchos años, contra viento y marea, en la nororiental- de la inmensa preocupación de los padres de familia ante el acoso sexual de los bandidos hacia las muchachas menores de edad. “Virginidad, botín de guerra” fue el elocuente titular. La solución es el sometimiento de las adolecentes a los apetitos de los delincuentes o el desplazamiento de todo el grupo familiar. No es recurrir a la autoridad. El DAS publicó recientemente un análisis de la extorsión en Colombia y se vanaglorió de que durante lo corrido del presente año tan solo se habían presentado mil y pico de denuncias en todo el país. Concluyó, torpemente, que ello era resultado de la política de seguridad democrática y no del subregistro consecuencia de que la gente prefiere callar, antes que cazar un pleito que puede ser fatal.
Por eso es un elogio a la ridiculez el anuncio del nuevo Ministro de la Defensa Nacional de criminalizar el pago de vacunas o extorsiones, como un nuevo desarrollo de la política de seguridad ciudadana. Castigo para el que paga, es la sentencia. ¿Y para el que cobra qué? Con razón se ha dicho que las victimas van a terminar de victimarias. El panorama será distinto, cuando haya autoridad, pero no contra los indefensos ciudadanos, sino contra los criminales. Si no hay justicia y si no hay protección para quien decida enfrentar la delincuencia, posturas como las del Ministro de Defensa no hacen más que alimentar la sensación de que la seguridad urbana seguirá dependiendo más de la voluntad de los grandes capos o jefes, antes que del ejercicio soberano de la fuerza pública o la autoridad civil. ¿En manos de quien estamos?
PD: plausible la iniciativa de Jaime Jaramillo, Jorge Gaviria y Francisco Galán, de buscar consensos sobre puntos muy concretos y específicos para recuperar la tranquilidad de la ciudad. También es sensata la respuesta de la Alcaldía en el sentido de esperar primero la respuesta del gobierno nacional. Lo que sí no es plausible es que la Policía Comunitaria esté dedicada a buscar acuerdos o pactos entre bandas o a proteger a unas respecto a otras. Esa queja se escucha y se lee en varios sectores de Medellín.
