Volvió a subir de tono la discusión sobre la política antidrogas. La doble moral sigue de reina: nuestro Presidente quiere fungir como líder internacional pero dice que si otros países proponen cambios sustanciales, él los comparte y acepta, pero no los promueve.
El tema de la lucha contra las drogas tiene muchas variables para medir su efectividad. Hace algunos días cayó a mis manos el estudio “Sistemas sobrecargados - Leyes de drogas y cárceles en América Latina” promovido por dos entidades norteamericanas, TNI y WOLA, para evaluar el impacto en el funcionamiento de los sistemas de justicia y las cárceles en América Latina de la “guerra contra las drogas” desplegada en ocho países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay. En todos ellos, según el estudio, el énfasis de la fiscalización de drogas en sanciones penales ha dado lugar a un gran aumento del número de personas encarceladas, y generado consecuencias discutibles como la sobrecarga de tribunales y cárceles, y el sufrimiento de muchas personas tras las rejas por pequeños delitos de drogas o por su simple posesión.
En la mayoría de los países estudiados, las penas por delitos de drogas que exige la ley son desproporcionadas con respecto a otros delitos. Aunque las leyes varían de un país a otro, las penas máximas por tráfico de drogas pueden oscilar entre 12 y 25 años. Un narcotraficante de poca monta puede terminar con una pena más larga que la de una persona que ha cometido un asesinato. En general, la legislación no distingue entre niveles de involucramiento en el negocio, tratando igual a pequeños vendedores, mulas o transportistas, y grandes narcotraficantes, sin distinguir tampoco entre delitos violentos y no violentos. Tampoco existe una distinción entre el tipo de sustancia, y el riesgo que conlleva para la salud, de modo que un vendedor de cannabis puede terminar con una sentencia igual a un vendedor de cocaína.
En Colombia la investigación corrió a cargo de Rodrigo Uprimny y Diana Guzmán. Encontraron que la participación de los delitos relacionados con drogas entre la población carcelaria es bastante alta: constituye el tercer grupo, solo superado por los delitos contra el patrimonio económico y contra la vida e integridad personal.
Respecto a la composición de la población carcelaria por sexo: mientras que del total los hombres son cerca del 93 por ciento y las mujeres son sólo el 6 o 7 por ciento restante, dentro de los privados de la libertad por delitos relacionados con drogas el porcentaje de mujeres se eleva al 17 por ciento. Entre el 42 y el 48 por ciento de la población femenina privada de la libertad lo está por delitos de drogas. Si bien la mayoría de las personas detenidas por drogas no son mujeres, la mayoría de las mujeres reclusas han perdido su libertad por drogas. El estudio permitió identificar que se trata de mujeres sin un trabajo estable, con un bajo nivel de escolaridad y pocos ingresos.
Aunque el grupo mayoritario de personas detenidas por drogas se encuentra entre 26 y 35 años, es alto el porcentaje (22 por ciento) de personas muy jóvenes –entre 18 y 25 años– privadas de la libertad por este delito.
De otro lado, del total de personas privadas de la libertad por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, sólo 1.348 fueron procesadas en concurso con otros delitos. De ellas, sólo 428 personas lo fueron por concurso con concierto para delinquir, lo cual equivale al 2 por ciento del total de personas privadas de la libertad en el periodo de la referencia. Esto podría implicar que el 98 por ciento de las personas privadas de la libertad por este delito no habrían tenido –o no se les habría podido probar– una participación importante en las redes del narcotráfico. El estudio vale la pena.
El tema de la lucha contra las drogas tiene muchas variables para medir su efectividad. Hace algunos días cayó a mis manos el estudio “Sistemas sobrecargados - Leyes de drogas y cárceles en América Latina” promovido por dos entidades norteamericanas, TNI y WOLA, para evaluar el impacto en el funcionamiento de los sistemas de justicia y las cárceles en América Latina de la “guerra contra las drogas” desplegada en ocho países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay. En todos ellos, según el estudio, el énfasis de la fiscalización de drogas en sanciones penales ha dado lugar a un gran aumento del número de personas encarceladas, y generado consecuencias discutibles como la sobrecarga de tribunales y cárceles, y el sufrimiento de muchas personas tras las rejas por pequeños delitos de drogas o por su simple posesión.
En la mayoría de los países estudiados, las penas por delitos de drogas que exige la ley son desproporcionadas con respecto a otros delitos. Aunque las leyes varían de un país a otro, las penas máximas por tráfico de drogas pueden oscilar entre 12 y 25 años. Un narcotraficante de poca monta puede terminar con una pena más larga que la de una persona que ha cometido un asesinato. En general, la legislación no distingue entre niveles de involucramiento en el negocio, tratando igual a pequeños vendedores, mulas o transportistas, y grandes narcotraficantes, sin distinguir tampoco entre delitos violentos y no violentos. Tampoco existe una distinción entre el tipo de sustancia, y el riesgo que conlleva para la salud, de modo que un vendedor de cannabis puede terminar con una sentencia igual a un vendedor de cocaína.
En Colombia la investigación corrió a cargo de Rodrigo Uprimny y Diana Guzmán. Encontraron que la participación de los delitos relacionados con drogas entre la población carcelaria es bastante alta: constituye el tercer grupo, solo superado por los delitos contra el patrimonio económico y contra la vida e integridad personal.
Respecto a la composición de la población carcelaria por sexo: mientras que del total los hombres son cerca del 93 por ciento y las mujeres son sólo el 6 o 7 por ciento restante, dentro de los privados de la libertad por delitos relacionados con drogas el porcentaje de mujeres se eleva al 17 por ciento. Entre el 42 y el 48 por ciento de la población femenina privada de la libertad lo está por delitos de drogas. Si bien la mayoría de las personas detenidas por drogas no son mujeres, la mayoría de las mujeres reclusas han perdido su libertad por drogas. El estudio permitió identificar que se trata de mujeres sin un trabajo estable, con un bajo nivel de escolaridad y pocos ingresos.
Aunque el grupo mayoritario de personas detenidas por drogas se encuentra entre 26 y 35 años, es alto el porcentaje (22 por ciento) de personas muy jóvenes –entre 18 y 25 años– privadas de la libertad por este delito.
De otro lado, del total de personas privadas de la libertad por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, sólo 1.348 fueron procesadas en concurso con otros delitos. De ellas, sólo 428 personas lo fueron por concurso con concierto para delinquir, lo cual equivale al 2 por ciento del total de personas privadas de la libertad en el periodo de la referencia. Esto podría implicar que el 98 por ciento de las personas privadas de la libertad por este delito no habrían tenido –o no se les habría podido probar– una participación importante en las redes del narcotráfico. El estudio vale la pena.
