Hay discusiones alrededor de palabras o conceptos, aparentemente semánticas, que esconden posturas ideológicas y que tarde o temprano quedan sobre la mesa, con las cartas destapadas. La pregunta elemental en el Congreso de la República, de para quién es la Ley de víctimas, revivió un debate largamente truncado por la hegemonía del uribismo en el escenario nacional: caracterizar la tragedia que ha azotado la vida y el patrimonio de los colombianos, por décadas: conflicto armado-amenaza terrorista.
El lenguaje puede con todo. Recuerdo que siendo Secretario de gobierno de Antioquia, la guerrilla se llevó en un mes de diciembre de 2004 a más de 15 personas de sus lugares de vivienda y descanso en un municipio del oriente, con un gran impacto mediático en la opinión. Un oficial del ejército inquieto por el qué dirán, me pidió el favor de que en lugar de secuestrados, en mis reportes oficiales hablara de “retenidos” para “no afectar las estadísticas”. Siempre venía a mi memoria este incidente cuando la ex senadora Piedad Cordoba calificaba de “rehenes o prisioneros” a los compatriotas recluidos en las selvas en lugar de “secuestrados”. Lo mismo cuando en lugar de “guerrilla” algunos hablan de “insurgencia”. Hace rato que las FARC o el ELN arriaron sus banderas políticas, amordazadas por la degradación del narcotráfico.
El conflicto armado en Colombia existe, así en los discursos oficiales no figure. Durante más de una década puso y quitó Presidentes de la república. Horacio Serpa después de ganar la primera vuelta, perdió la presidencia por culpa de una foto de tirofijo y Pastrana que alentó los anhelos de paz de los electores. Vino la debacle de la silla vacía del Caguan y se abrió paso el discurso y la propuesta de mano dura de Alvaro Uribe. Dio para reelección. Juan Manuel Santos heredó la presidencia porque supo vender la idea de que en sus manos quedaba resguardado el huevito de la seguridad democrática. La agitada vida del país durante mucho tiempo ha tenido como epicentro el conflicto armado interno. Existen generaciones enteras que no saben qué es disfrutar un periodo de tranquilidad.
Si en Colombia no hay un conflicto armado ¿qué sentido tiene que el Ministerio de Defensa y sus dependencias, tenga una participación en la burocracia oficial del 80% del total de los funcionarios del estado? En el año 2002, el pie de fuerza ascendía a 160.000 efectivos; al finalizar 2009, la cifra llegó a 279.000, lo que equivale a 6,3 soldados por 1.000 habitantes; alguien recordó que al finalizar el gobierno militar en 1957, este indicador era 2,5 soldados por 1.000 habitantes, y también era un período de violencia y guerrillas. Mientras en el 2002 había 4,9 soldados por cada alzado en armas (guerrillero o paramilitar), en el 2007 se llegó a 15 soldados por cada ilegal.
En Colombia el gasto militar es superior al 5% del PIB, muy por encima del promedio latinoamericano de 1,6% del PIB, solo superado en el mundo por Israel y Burundi. Otros países con conflicto interno como Etiopía, Angola, Pakistán o Filipinas, tenían menos gasto militar.
En los próximos cuatro años, hasta 2014, el Gobierno del Presidente Santos anunció que gastará más de 76,5 billones de pesos en los programas para consolidar la paz en el país, de los cuales 59,5 billones de pesos serán para enfrentar a los diferentes grupos al margen de la ley que operan en vastas zonas del territorio nacional.
El lenguaje puede con todo. Recuerdo que siendo Secretario de gobierno de Antioquia, la guerrilla se llevó en un mes de diciembre de 2004 a más de 15 personas de sus lugares de vivienda y descanso en un municipio del oriente, con un gran impacto mediático en la opinión. Un oficial del ejército inquieto por el qué dirán, me pidió el favor de que en lugar de secuestrados, en mis reportes oficiales hablara de “retenidos” para “no afectar las estadísticas”. Siempre venía a mi memoria este incidente cuando la ex senadora Piedad Cordoba calificaba de “rehenes o prisioneros” a los compatriotas recluidos en las selvas en lugar de “secuestrados”. Lo mismo cuando en lugar de “guerrilla” algunos hablan de “insurgencia”. Hace rato que las FARC o el ELN arriaron sus banderas políticas, amordazadas por la degradación del narcotráfico.
El conflicto armado en Colombia existe, así en los discursos oficiales no figure. Durante más de una década puso y quitó Presidentes de la república. Horacio Serpa después de ganar la primera vuelta, perdió la presidencia por culpa de una foto de tirofijo y Pastrana que alentó los anhelos de paz de los electores. Vino la debacle de la silla vacía del Caguan y se abrió paso el discurso y la propuesta de mano dura de Alvaro Uribe. Dio para reelección. Juan Manuel Santos heredó la presidencia porque supo vender la idea de que en sus manos quedaba resguardado el huevito de la seguridad democrática. La agitada vida del país durante mucho tiempo ha tenido como epicentro el conflicto armado interno. Existen generaciones enteras que no saben qué es disfrutar un periodo de tranquilidad.
Si en Colombia no hay un conflicto armado ¿qué sentido tiene que el Ministerio de Defensa y sus dependencias, tenga una participación en la burocracia oficial del 80% del total de los funcionarios del estado? En el año 2002, el pie de fuerza ascendía a 160.000 efectivos; al finalizar 2009, la cifra llegó a 279.000, lo que equivale a 6,3 soldados por 1.000 habitantes; alguien recordó que al finalizar el gobierno militar en 1957, este indicador era 2,5 soldados por 1.000 habitantes, y también era un período de violencia y guerrillas. Mientras en el 2002 había 4,9 soldados por cada alzado en armas (guerrillero o paramilitar), en el 2007 se llegó a 15 soldados por cada ilegal.
En Colombia el gasto militar es superior al 5% del PIB, muy por encima del promedio latinoamericano de 1,6% del PIB, solo superado en el mundo por Israel y Burundi. Otros países con conflicto interno como Etiopía, Angola, Pakistán o Filipinas, tenían menos gasto militar.
En los próximos cuatro años, hasta 2014, el Gobierno del Presidente Santos anunció que gastará más de 76,5 billones de pesos en los programas para consolidar la paz en el país, de los cuales 59,5 billones de pesos serán para enfrentar a los diferentes grupos al margen de la ley que operan en vastas zonas del territorio nacional.
“Amenaza terrorista” existe en todos los países del mundo. Descubierta el agua tibia.
