miércoles, 30 de noviembre de 2011

La sinverguenzada de Hidroituango

La empresa Hidroituango es un cascarón vacío que nos cuesta a los usuarios de EPM una cuantiosa cifra millonaria en pesos al año. Tiene un gerente sin funciones significativas que devenga mucho más que el alcalde, el gobernador o el gerente de EPM (dicen que cerca de 30 millones mensuales) y 18 profesionales que se encuentran esporádicamente para cobrar extravagantes salarios (varios devengan cerca de $14 millones), sin producir un solo peso ni aportar mayor cosa al gran macro proyecto de Antioquia. Para el próximo año han exigido a EPM Ituango un presupuesto de 9.700 millones de pesos para funcionamiento.

Hidroituango fue la empresa constituida para jalonar el proyecto hidroeléctrico hasta que se produjo la escisión para crear EPM Ituango, luego de la movilización de la sociedad antioqueña para evitar que la financiación, construcción y operación de la central hidroeléctrica quedara en manos de firmas multinacionales – como era el deseo de la actual gobernación, con participación mayoritaria en la junta- y en su lugar fuera EPM, como finalmente ocurrió, mediante un contrato tipo BOOMT (construir, poseer, operar, mantener y devolver). Todos respiramos tranquilos.

Al producirse la escisión, el patrimonio del proyecto -$235.000 millones- pasó de Hidroituango a EPM Ituango, la nueva empresa creada para operar el contrato BOOMT. Hidroituango quedó como un coco vacío con funciones formales de monitoreo sobre el operador del proyecto (EPM Ituango), con el respaldo de la mayoría de la junta directiva (gobernación-IDEA), quien se niega a su reestructuración. En el contrato BOOMT se estableció que, además del pago de 170 millones de dólares por parte de EPM al departamento y al IDEA, pactado en el acuerdo que dio lugar a la escisión, EPM Ituango sufragaría el funcionamiento de Hidroituango ($9.700 millones en 2012).

El monto de Hidroituango es aproximado al costo de la ejecución del proyecto hidroeléctrico por parte de EPM, con más de 100 profesionales al frente, toda la plataforma tecnológica y recursos físicos de la empresa a su servicio, lo mismo que los demás funcionarios y procesos de apoyo jurídicos, contables, administrativos, financieros, informáticos, etc. No aguanta la comparación.

La justificación dada para la existencia de Hidroituango es la de ejercer un monitoreo sobre la ejecución del contrato BOOMT por parte de EPM Ituango. Se considera que 19 personas es un número exagerado, por lo cual decidió la Junta Directiva contratar un estudio externo sobre cuál es la planta de personal más adecuada de Hidroituango para ejercer tal función. Una firma llamada PENTA concluyó que con máximo 13 personas era más que suficiente para estar encima de EPM Ituango. Hidroituango se ha negado a aceptar las conclusiones del estudio.

Pero hay algo más grave. La verificación de las variables de ejecución del proyecto no la está realizando Hidroituango con su costosa nómina. La empresa decidió subcontratar esto con la firma GAE de Bogotá por un monto cercano a los 450 millones de pesos anuales, con cargo a EPM Ituango, hasta el 2018. O sea que a los $9.700 millones anuales de Hidroituango hay que agregar los 450 millones para la firma externa que realiza lo que no hace aquella.

La próxima reunión de la asamblea de accionistas de Hidroituango será en marzo de 2012. Habrá cambios en la junta directiva acordes con los resultados electorales del 30 de octubre. Sergio Fajardo como gobernador de Antioquia y Aníbal Gaviria como alcalde de Medellín, debieran solicitar no solo la no aceptación de los $9.700 millones por parte de EPM para el cascarón vacío de Hidroituango, sino, luego de su posesión el 1 de enero, acelerar la reestructuración de esta empresa que hoy parece existir solo para pagar costosos favores burocráticos por parte de la gobernación de Antioquia actual. De cuenta nuestra, claro.

jueves, 24 de noviembre de 2011

Drogas, justicia y cárceles

Volvió a subir de tono la discusión sobre la política antidrogas. La doble moral sigue de reina: nuestro Presidente quiere fungir como líder internacional pero dice que si otros países proponen cambios sustanciales, él los comparte y acepta, pero no los promueve.

El tema de la lucha contra las drogas tiene muchas variables para medir su efectividad. Hace algunos días cayó a mis manos el estudio “Sistemas sobrecargados - Leyes de drogas y cárceles en América Latina” promovido por dos entidades norteamericanas, TNI y WOLA, para evaluar el impacto en el funcionamiento de los sistemas de justicia y las cárceles en América Latina de la “guerra contra las drogas” desplegada en ocho países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay. En todos ellos, según el estudio, el énfasis de la fiscalización de drogas en sanciones penales ha dado lugar a un gran aumento del número de personas encarceladas, y generado consecuencias discutibles como la sobrecarga de tribunales y cárceles, y el sufrimiento de muchas personas tras las rejas por pequeños delitos de drogas o por su simple posesión.

En la mayoría de los países estudiados, las penas por delitos de drogas que exige la ley son desproporcionadas con respecto a otros delitos. Aunque las leyes varían de un país a otro, las penas máximas por tráfico de drogas pueden oscilar entre 12 y 25 años. Un narcotraficante de poca monta puede terminar con una pena más larga que la de una persona que ha cometido un asesinato. En general, la legislación no distingue entre niveles de involucramiento en el negocio, tratando igual a pequeños vendedores, mulas o transportistas, y grandes narcotraficantes, sin distinguir tampoco entre delitos violentos y no violentos. Tampoco existe una distinción entre el tipo de sustancia, y el riesgo que conlleva para la salud, de modo que un vendedor de cannabis puede terminar con una sentencia igual a un vendedor de cocaína.

En Colombia la investigación corrió a cargo de Rodrigo Uprimny y Diana Guzmán. Encontraron que la participación de los delitos relacionados con drogas entre la población carcelaria es bastante alta: constituye el tercer grupo, solo superado por los delitos contra el patrimonio económico y contra la vida e integridad personal.

Respecto a la composición de la población carcelaria por sexo: mientras que del total los hombres son cerca del 93 por ciento y las mujeres son sólo el 6 o 7 por ciento restante, dentro de los privados de la libertad por delitos relacionados con drogas el porcentaje de mujeres se eleva al 17 por ciento. Entre el 42 y el 48 por ciento de la población femenina privada de la libertad lo está por delitos de drogas. Si bien la mayoría de las personas detenidas por drogas no son mujeres, la mayoría de las mujeres reclusas han perdido su libertad por drogas. El estudio permitió identificar que se trata de mujeres sin un trabajo estable, con un bajo nivel de escolaridad y pocos ingresos.

Aunque el grupo mayoritario de personas detenidas por drogas se encuentra entre 26 y 35 años, es alto el porcentaje (22 por ciento) de personas muy jóvenes –entre 18 y 25 años– privadas de la libertad por este delito.

De otro lado, del total de personas privadas de la libertad por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, sólo 1.348 fueron procesadas en concurso con otros delitos. De ellas, sólo 428 personas lo fueron por concurso con concierto para delinquir, lo cual equivale al 2 por ciento del total de personas privadas de la libertad en el periodo de la referencia. Esto podría implicar que el 98 por ciento de las personas privadas de la libertad por este delito no habrían tenido –o no se les habría podido probar– una participación importante en las redes del narcotráfico. El estudio vale la pena.